Luego de la cadena nacional de Alberto Fernández para poner en la agenda pública el viaje a Lago Escondido que realizaron un grupo de jueces, fiscales, empresarios de medios, el ministro de Seguridad porteño y hombres vinculados a la inteligencia argentina, el Gobierno formalizó el pedido del Presidente y presentó ante el Consejo de la Magistratura una denuncia contra cuatro magistrados que participaron del vuelo. La presentación la hizo el representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarroz, y alcanza a Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Gabriel Cayssials.
Según el escrito, al que tuvo acceso Infobae, la acusación es por mal desempeño y advierte que “como jueces federales debieron extremar prudencia”. Además, plantea que el objetivo es “determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”.
“Las circunstancias no pudieron ser desconocidas por los magistrados aquí denunciados que, como jueces federales, deberían haber extremado su deber de prudencia para mantener la equidistancia, la objetividad y, en consecuencia, un estándar de imparcialidad aceptable a la luz del derecho positivo como así aquel que emana de los tratados y convenciones internacionales que versan sobre el deber de imparcialidad de los magistrados, lo que les hubiera permitido mantenerse a resguardo de toda sospecha con relación a su intervención y/o actuación en las causas a su cargo”, describe el texto de la denuncia.
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Uno de los involucrados que quedó expuesto es el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, que es quien habría sufrido el hackeo desde donde trascendieron las conversaciones de Telegram en las que los participantes del viaje coordinan una estrategia en común si la situación tomaba estado público. Sucede que el funcionario de Larreta apuntó directamente contra José Glinski, titular de la PSA, y escribió a uno de sus interlocutores: “Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar”.
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Más temprano este miércoles, el gobierno nacional, a través del ministro de Justicia, Martín Soria, presentó otra denuncia, en este caso penal, en la fiscalía federal de Bariloche contra los mismos jueces, pero también incluyendo al resto de la comitiva. Allí, a los seis funcionarios se los acusa de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas (coima). En cambio, a los otros cuatro se le imputa el ofrecimiento de dádivas por el vuelo privado y el alojamiento en la estancia del magnate británico Joe Lewis.
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