La pandemia del COVID-19 desencadenó en nuestro país una cuádruple crisis —sanitaria, social, económica e institucional— que se expresó en el altísimo número de infectados y fallecidos, las deficiencias en la ayuda para la emergencia, la reversión del proceso de reducción de la pobreza, la contracción del empleo formal, el estancamiento de la producción y la profundización del enfrentamiento entre los poderes públicos que venía desde las elecciones del 2016. No debe desdeñarse el papel que le cupo a esta coyuntura crítica en el ascenso de Pedro Castillo y Perú Libre al gobierno nacional en las presidenciales del 2021.
En este contexto, desde diferentes posiciones políticas, ha recrudecido el cuestionamiento al “modelo” económico que adoptó el país hace treinta años, haciéndolo responsable de la incubación de estos graves problemas. Se relativizan (o se niegan) los logros económicos y sociales que provinieron de la adopción de una economía social de mercado y se ignora que esta política permitió acumular recursos para atender situaciones de emergencia como la provocada por la pandemia del COVID-19 o por el Fenómeno de El Niño Costero en 2017.
La solidez de los fundamentos macro-económicos de nuestro país y la actuación eficiente y oportuna de algunas entidades estatales como el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Economía y Finanzas hicieron posible financiar la adquisición de vacunas; el otorgamiento de cuantiosos subsidios a las familias vulnerables; la concesión de créditos blandos a las empresas para evitar la quiebra, el desempleo y la ruptura de la cadena de pagos; y la dotación de montos récord para la ejecución de obras públicas.
Más aun, estas fortalezas del “modelo” siguen siendo vitales para mantener —al menos hasta ahora— una economía estable a pesar de que el gobierno actual viene erosionando la capacidad del Estado para proveer los servicios públicos más elementales, debido a la impreparación de sus cuadros técnicos y a la extensión de la corrupción a una parte sustantiva del aparato estatal.
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En buena cuenta, si algo ha fallado en el “modelo” peruano ha sido la renuencia de los actores políticos a emprender una agenda de reforma en la gestión pública, que cada vez se hace más urgente, más necesaria y de mayor calado, sobre todo porque los ciudadanos ya no pueden soportar estos niveles de ineficiencia, indolencia e inmoralidad. Esta reforma debe incluir, por lo menos:
a) La restitución del equilibrio de poderes, el fortalecimiento de las organizaciones políticas y el rediseño de los mecanismos de elección, representación y participación ciudadana.
b) La reformulación del esquema de descentralización, favoreciendo la constitución de entidades multi-regionales y fortaleciendo a los gobiernos provinciales para la planificación sectorial y territorial y para la gestión de mega-proyectos productivos y de infraestructura.
c) La sustitución de los sistemas de evaluación de inversiones públicas y de priorización de proyectos de infraestructura, introduciendo criterios de selección basados en el mejor desempeño en todo el ciclo de vida de tales proyectos, el mayor impacto territorial y la mayor necesidad.
d) El empoderamiento de los funcionarios públicos, promoviendo la meritocracia y la especialización, así como ofreciéndoles protección legal por las decisiones que tomen en situaciones críticas.
e) La modificación radical de la normativa de contratación pública, reemplazando los criterios de selección basados en el menor precio por otros que valoren la calidad y sostenibilidad de los productos o servicios, la experiencia y la capacidad de innovación de los postores.
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f) La certificación independiente de la idoneidad de las entidades estatales para contratar y operar servicios o infraestructuras, disponiendo que estas funciones se trasladen a otras ejecutoras públicas en caso de que aquellas no superen los procesos de certificación.
g) La modernización de los procesos de supervisión y control, mediante el empleo de modernas tecnologías de información, e involucrando a otros actores públicos como privados en la ejecución de tales procesos.
h) La estandarización y, cuando sea posible, la digitalización de los procedimientos administrativos, que deben concebirse como generadores de valor y no sólo como verificadores del cumplimiento de requisitos formales.
i) La implementación de estrategias eficientes para la prevención, mitigación y atención de emergencias por fenómenos naturales, crisis sanitarias o sociales, que incorporen a las empresas privadas y a las organizaciones sociales en su ejecución.
j) La adopción de políticas integrales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la adaptación de nuestro aparato productivo y de servicios al cambio climático.
k) El establecimiento de un nuevo marco legal y operativo que establezca una relación transparente, eficiente e institucionalizada entre el Estado y la sociedad, para la discusión, implementación y actualización de políticas públicas.
La amplitud y complejidad de estas iniciativas, cuyos resultados más significativos se alcanzarán en el largo plazo, hace necesario un compromiso previo de los actores políticos y sociales, así como un mecanismo de rendición de cuentas que permita obtener y mantener el respaldo de los ciudadanos hacia estas reformas.
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