“Una situación agravada”: ¿qué puede desatar el nuevo escándalo por las declaraciones del exjefe de la DINI sobre Castillo?

Al filo del abismo y acorralado por lo que pueda ocurrir este miércoles, cuando un desprestigiado Congreso intente destituirlo por tercera vez en 16 meses de Gobierno. Así se encuentra el presidente Pedro Castillo, acusado recientemente por José Luis Fernández Latorre, exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), de encubrir actos de corrupción cometidos por sus sobrinos Jaime y Fray Vásquez.

Fernández Latorre dio a conocer que el Jefe de Estado sí tenía conocimiento de todo los actos irregulares que hacían sus familiares porque él mismo se lo reveló. Incluso, manifestó que otro de sus familiares, Rubdel Oblitas Paredes, llegó hasta su despacho para pedirle 100 mil soles (USD 25 mil) y luego un millón de dólares, “porque quería contratar a un asesor de procedencia rusa con conocimiento en inteligencia que le iba a gestionar una donación de 30 millones de dólares”.

Para la abogada penalista Romy Chang, este nuevo escándalo agrava “aún más” la situación del mandatario, cuyo futuro perfila estos escenarios: una salida indemne, una caída y reemplazo por la vicepresidenta Dina Boluarte, una convocatoria a elecciones generales en 2023, o la renuncia de Boluarte y que el jefe del Congreso asuma la presidencia temporalmente.

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“Lo que ocurre es que la situación del presidente Castillo ya es grave, porque existen una serie de indicios y elementos que vinculan su participación en una serie de actos no solo de corrupción, sino también de encubrimiento, que lo enmarcan como líder de una organización criminal y una serie de cosas que la fiscal de la Nación ya ha puesto en conocimiento del Congreso”, dijo la letrada en RPP.

Para la especialista, el problema es que, si el Congreso no da luz verde para que la fiscal de la Nación continúe con las investigaciones, “por más pruebas que se puedan tener contra el presidente, estamos un poquito entrampados y lo que se está generando es impunidad”.

Ex funcionario contó diversos puntos en que involucrarían seriamente al presidente del Perú.

En tanto, el exdirector de la Escuela Nacional de Inteligencia, Andrés Gómez de la Torre, señaló que estas nuevas revelaciones evidencian “la fuerte desinstitucionalización y empleo nocivo de la estructura de inteligencia por parte de este gobierno de Perú Libre”.

En diálogo con la emisora, propuso que el Congreso instaure una comisión investigadora de plazo determinado y multipartidaria “para investigar a fondo esta gran cantidad de irregularidades en el manejo de la DINI que hoy día son ventiladas en la prensa”.

Según el extitular la DINI, Rubdel Oblitas Paredes, otro de los sobrinos de Castillo, le pidió dinero para evitar la emisión de un reportaje y contratar a un asesor de inteligencia ruso. Para el exministro del Interior, Mariano González, esta acción corrobora que el mandatario “tiene un compromiso con la corrupción”.

“Por honor y por sus familias, los actuales ministros deben renunciar y dejar solo al jefe de Estado”, consideró González en RPP y matizó que las declaraciones ameritan la apertura inmediata de carpetas y procedimientos céleres para que puedan ser intervenidas todas las personas nombradas por el exfuncionario.

“Si nosotros leemos entre líneas lo que ha declarado, dice también que por seguridad personal y por mantener las relaciones con otros Estados no puede referirse. Nos está diciendo entre líneas que Castillo y sus compinches y secuaces han venido conversando con otros Estados o por lo menos con autoridades de otros Estados para ver la posibilidad de fugarse. Por eso es importante que nuestras autoridades jurisdiccionales y Equipo Especial actúen a la brevedad, actúen de manera inmedita”, continuó.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Liendo, experto en temas de inteligencia, precisó que los fondos de la DINI no pueden ser usados como caja chica del gobierno, ya que existen protocolos, procedimientos y mecanismos de control que impiden hacer eso.

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“Lo que (el jefe de la DINI) produce es inteligencia estratégica para la toma de decisiones que ejerce el Estado como soporte a la acción política del gobierno. Es el principal asesor en los secretos del Estado en apoyo a la política exterior, en apoyo a la seguridad y defensa nacional”, apuntó.

José Luis Fernández Latorre también acusó al presidente de haber dado la directiva de encubrir la fuga del exministro Juan Silva y su sobrino Fray Vásquez, una acción que, para la letrada Romy Chang, encaja con claridad en el delito de encubrimiento personal.

“Toda persona que esté involucrada o que haya participado activa o pasivamente para que esto pudiese ocurrir, es sancionada por ese delito. En este caso además se aplica una agravante que es que los sobrinos del presidente están investigados también por los delitos de organización criminal. Cuando el delito es tan grave y se está ayudando a una persona que fugue y no afronte la justicia por este delito, la pena puede elevarse de 7 a 10 años y eso es pena efectiva”, explicó Chang.

Castillo acusó este martes a un sector del país de pretender “dinamitar la democracia”, un día antes de que el Congreso vote la tercera moción de vacancia (destitución) a la que se enfrenta en 16 meses de mandato. Para remover a un presidente la Constitución de Perú exige 87 votos, una cantidad de la cual no dispone la oposición.

“Pretenden dinamitar la democracia y desconocer el derecho a elegir de nuestros pueblos atentando contra la figura de la Presidencia de la República para sacar provecho y tomar el poder que el pueblo en las urnas les quitó, cansados de estar postergados y ver que unos cuantos querían seguir repartiéndose el Perú”, dijo Castillo en la ceremonia del 34 aniversario de la Policía Nacional de Perú.

Pedro Castillo participó este martes en un encuentro con autoridades electas (TV Perú)

En su discursó señaló que este sector intenta arrebatar al país su tranquilidad, “con base en supuestos que son reales calumnias, declaraciones no corroboradas y especulaciones”.

Volvió a hacer un llamado al diálogo de todas las fuerzas políticas “para no dejar caer en el caos y en la crisis” al país, que según sus palabras, “sigue clamando por la unidad de sus autoridades para tener el tan anhelado desarrollo que por siglos siguen buscando”.

Castillo, cuya desaprobación es de 66%, ha sobrevivido a los intentos previos de vacancia por la fragmentación del parlamento y los escándalos de corrupción entre congresistas, que han dividido las bancadas.

La incógnita es si Dina Boluarte, una abogada de 60 años carente de bancada parlamentaria, querría completar su mandato constitucional hasta 2026 o si convocará a elecciones generales anticipadas. La incertidumbre se acrecienta porque además el gobierno ha declarado que no reconocerá el resultado de una posible votación adversa.

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