En su auto, el magistrado Puente no solo manifestó su asombro, sino que también sugirió la necesidad de una reforma legal que permita despojar a un parlamentario de sus derechos y funciones sin la obligatoriedad de una prisión preventiva, tal como exige el Reglamento del Congreso en la actualidad. Esta propuesta ha generado un intenso debate en los pasillos de la Cámara Baja, con el portavoz del PSOE, Patxi López, acusando al juez de no respetar la división de poderes. Por su parte, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, también socialista, le recordó al magistrado que «quien quiere cambiar las leyes puede presentarse a unas elecciones». El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, optó por el silencio ante las preguntas de los medios.
La diputada de Compromís, Águeda Micó, ex de la bancada de Sumar y actual compañera de Ábalos en el Grupo Mixto, ha sido contundente al afirmar que el exministro debería haber dimitido «desde el minuto cero». Micó se ha mostrado favorable a una reforma del Reglamento, considerando «inaguantable e inasumible políticamente» que alguien mantenga su escaño para conservar sus prerrogativas parlamentarias. En esta misma línea, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha coincidido plenamente con el «estupor» expresado por el juez Leopoldo Puente en su auto sobre José Luis Ábalos. Asimismo Feijóo ha manifestado su sorpresa por el hecho que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantenga los apoyos de sus socios, pese a estar, a su juicio, «rodeado absolutamente de corrupción».
El auto del magistrado Leopoldo Puente, que dejó en libertad a Ábalos tras su comparecencia, ha provocado un auténtico terremoto político. La expresión «natural estupor» utilizada por el juez para referirse a la continuidad de un diputado sobre el que «gravitan tan consistentes indicios» de corrupción, ha resonado con fuerza en la esfera pública. La propuesta de Puente de modificar el Reglamento del Congreso para permitir la suspensión de un parlamentario sin necesidad de prisión preventiva, parece encaminada a cerrar una brecha legal que, a su juicio, genera perplejidad en la ciudadanía. Esta sugerencia ha sido interpretada por algunos como una intromisión en la división de poderes, mientras que otros la ven como una llamada de atención necesaria para preservar la dignidad de las instituciones y la credibilidad de los servidores públicos. En todo caso la tensión entre el poder judicial y el legislativo se ha hecho palpable en las declaraciones de los portavoces parlamentarios, quienes han defendido la autonomía de cada esfera.
Críticas del PP
Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular y jefe de la oposición, ha aprovechado la coyuntura para arremeter duramente contra el Gobierno y el presidente Pedro Sánchez. En declaraciones a los periodistas antes de un desayuno informativo, Feijóo ha insistido en que la inmensa mayoría de los españoles comparte el «estupor» del magistrado. Ha señalado que las tres personas que, según él, «encumbraron» a Sánchez están implicadas en supuestos casos de corrupción: «Una declaró ayer ante el Tribunal Supremo, otra lo hará este jueves por la mañana y la otra está en la cárcel», en clara alusión a José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, respectivamente. Para el líder popular, resulta «absoluto estupor» contrastar estas situaciones con la afirmación de Sánchez de tener «uno de los gobiernos más decentes de Europa». Además, ha criticado que Ábalos continúe siendo un diputado que «sigue las instrucciones del Sánchez y su Gobierno en todas las votaciones», lo que, a su entender, evidencia una falta de coherencia y ética política.
Feijóo ha vuelto a mostrarse sorprendido de que nadie en el Congreso retire la confianza al Gobierno, en el que, según sus palabras, «se han producido más corrupción que nunca en los casi 50 años de democracia». La permanencia de José Luis Ábalos en su escaño del Congreso, ahora en el Grupo Mixto, ha puesto de manifiesto la complejidad de las prerrogativas parlamentarias en España. El aforamiento, que implica que solo puede ser juzgado por el Tribunal Supremo, y la inviolabilidad, que protege sus opiniones y votos, son derechos inherentes a la condición de diputado. Sin embargo, la opinión pública y parte de la clase política cuestionan si estas protecciones deben mantenerse cuando existen «consistentes indicios» de delitos graves, como la corrupción. La propuesta del juez Puente y el respaldo de diputados como Águeda Micó a una reforma del Reglamento del Congreso, apuntan precisamente a revisar los límites de estas prerrogativas para evitar que se perciban como un escudo ante la justicia. Este debate no es nuevo, pero el «Caso Koldo» y la situación de Ábalos lo han vuelto a situar en el centro de la agenda política y mediática, generando una profunda reflexión sobre la ejemplaridad que se exige a los representantes públicos y la necesidad de adaptar la legislación a las demandas sociales de transparencia.
Ábalos pasó al Grupo Mixto tras ser suspendido de militancia en el PSOE y negarse a entregar su acta de diputado, tal como le había solicitado su partido en el contexto de la investigación del «Caso Koldo». Pertenecer al Grupo Mixto le permite mantener su escaño, su sueldo y, crucialmente, su condición de aforado, lo que significa que cualquier procedimiento judicial en su contra debe ser tramitado por el Tribunal Supremo. Esta situación ha sido precisamente el foco de la controversia. Por su parte la división de poderes se antoja como un principio fundamental en cualquier democracia moderna, y en esta ocasión se ha convertido en un eje central del debate generado por las declaraciones del magistrado Leopoldo Puente. Este principio establece la separación de las funciones legislativa, ejecutiva y judicial, asignándolas a órganos distintos para evitar la concentración de poder y garantizar el equilibrio. La tensión reside en encontrar el equilibrio entre la autonomía parlamentaria y la necesidad de una justicia eficaz e independiente, sin que una menoscabe a la otra, buscando siempre la máxima transparencia y rendición de cuentas.
