E l Govern balear ha pagado entre 1,6 y 2,4 millones de euros a perceptores de renta social garantizada (Resoga) que no cumplían los requisitos para recibir esta prestación, dirigida a cubrir situaciones de vulnerabilidad social. La Conselleria de Famílies i Benestar Social ya tramita el reintegro en centenares de casos y ha extinguido la prestación en más de 2.000 expedientes. Las sospechas del Govern del PP sobre las irregularidades en estas ayudas -beneficiarios que cobraban la renta social mientras trabajaban o percibían otros ingresos incompatibles- ha desembocado en una auditoría interna, cuyos resultados son contundentes. El informe reprocha a la Conselleria que no se haya aplicado el régimen sancionador, con multas para los infractores.
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