El sector agrario y el turístico debemos convivir desde el respeto mutuo y la responsabilidad compartida. No pretendemos interferir en la gestión agraria sino instar a reforzarla reconociendo su valor estratégico, su rol esencial en la preservación del paisaje y la identidad. Abogamos porque se considere un servicio de interés general acorde al marco europeo que lo posibilita y dotarlo de un apoyo estable y de financiación pública, garantizando su viabilidad sin recurrir a actividades contrarias a su esencia. Respaldar a este sector no pasa por desnaturalizarlo, sino por preservar su autenticidad, sin convertirlo en un nuevo nicho de alojamiento turístico.
La creación de la «agroestancia» plantea dudas jurídicas y de oportunidad. La experiencia reciente demuestra los riesgos y los efectos de difuminar los límites entre los usos. Observamos con asombro como se pretende introducir otra variable de distorsión en el campo balear abundando en lo turístico y obviando la tan cacareada diversificación económica. Certero es el refranero popular, «el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra» y, a la vez, apunta cómo evitarlo «errar es humano, pero rectificar es de sabios». La modificación de la Ley de Turismo en 2017 permitió el alquiler vacacional en edificios plurifamiliares provocando un crecimiento descontrolado del uso turístico en zonas residenciales, con consecuencias como la pérdida de vivienda, encarecimiento del alquiler, tensiones vecinales y presión sobre los servicios públicos.
Las agroestancias podrían repetir el error: convertir el suelo agrario en espacio turístico no resolverá los problemas del campo, sino que agravará los del territorio. La oferta existente es amplia, reglada y de calidad. Agroturismos y hoteles rurales ya cumplen la función de ofrecer experiencias turísticas ligadas al entorno natural supervisadas por la legislación turística con criterios y estándares reconocidos. Introducir una nueva figura con requisitos más laxos es innecesario y podría suponer competencia desleal. La exclusión de las «agroestancias» de la planificación turística insular (PIAT) rompe la coherencia del sistema y debilita la capacidad de las instituciones para garantizar un desarrollo equilibrado. Todas las actividades de alojamiento vinculadas al ámbito agrario deben someterse a los mismos criterios de control de la Conselleria de Turisme para preservar la equidad entre operadores y no abrir la espita a un nuevo crecimiento turístico en suelo rústico que generará impactos adicionales en urbanismo, en recursos hídricos, residuos y movilidad, comprometiendo la integridad del paisaje y la identidad del campo balear.
Defendemos un modelo económico que pivote sobre la calidad, profesionalización y sostenibilidad, cualquier desviación afectará al conjunto de las islas. Nuestras alegaciones se formulan como una aportación proactiva al debate y a la reflexión, a la coherencia normativa, la seguridad jurídica y estabilidad, convencidos de que proteger la agricultura es proteger también el futuro de Balears. Apelamos a la responsabilidad y coherencia del legislador, la regulación agraria no debe desvincularse de una visión integral del territorio, ni del compromiso compartido con la sostenibilidad. Reiteramos el respeto y apoyo al sector agrario. Nuestra contribución no es una barrera, es un puente: un ejercicio de participación responsable en defensa del interés común, del equilibrio entre sectores y de la autenticidad que hace únicas a nuestras islas.
