Agroestancias y política de contención

Pero no sólo tiene que ser una buena idea, tiene que ser buena en la práctica. Y es aquí dónde parece que el proyecto es un tanto liviano en sus requisitos. Por ejemplo, se exige que una persona vinculada a la actividad esté empadronada en la explotación. Pienso que sería muy lógico exigir que el titular de la explotación, que normalmente debiera ser el dueño de la finca, tenga que vivir habitualmente en la finca. Si la razón de permitir hasta diez plazas turísticas es porque es el centro vital de una familia que necesita un aliciente para perseverar en su explotación, tiene todo el sentido que sea el lugar de residencia principal del titular.

Otra cuestión está en el concepto de explotación agraria preferente. Si se incluyen las actividades complementarias en el cómputo de la renta del agricultor profesional y entre aquellas está la actividad de alojamiento en la finca, es hacerse trampas al solitario. La explotación agrícola debe ser la principal fuente de ingresos del titular, sin incluir lo que se obtenga por el alojamiento, tanto al inicio de la explotación turística como durante la explotación. En cuanto a la bonificación del coste de una plaza, no se acaba de entender porqué tienen esta ventaja respecto al resto de la oferta. El proyecto no lo explica. Es una actividad de apoyo para salvar otra, que es la importante.

Finalmente, se obliga a los Consells a reservar un 10 % de las plazas para este turismo. En Ibiza se ha propuesto eliminar casi todas las plazas de la bolsa existente. Ya veremos cómo se soluciona. Lo que si tiene lógica es que se asignen plazas de viviendas turísticas que vayan cesando en el ejercicio de su actividad. De esta manera no se incrementaría el turismo en suelo rústico, que ya provoca malestar social, es coherente con la limitación actual de crecimiento para las viviendas turísticas, y, muy importante, con la celebrada política de contención.