Su progenitor vuelve a Menorca (en 2023 ya fue invitado a unas jornadas sobre inclusión) para participar en el espacio de debate que organiza Asinpros.
¿Esta sentencia zanja ya el recorrido judicial del caso?
—Sí, ya es definitiva, no hay más recursos, está consolidada y la jurisprudencia ha quedado bien asentada para quien quiera seguir en esta pelea.
Ha sido un largo camino, ¿de dónde obtuvo la fortaleza?
—Yo no soy ni abogado ni médico ni profesor, soy sencillamente padre de Rubén y me vi con la fuerza suficiente para defender el derecho de mi hijo, es mi obligación. Sabíamos que era complicado, pero si no se lucha por los derechos solo hay sumisión, segregación y discriminación.
¿Anima a las familias a exigir la educación inclusiva?
—Es que el problema no son nuestros hijos ni las familias, sino de un sistema que no cumple un derecho fundamental y va en contra de la Constitución española y de la Convención de Derechos Humanos, nuestros hijos no sobran, son personas de pleno derecho.
Rubén completó su formación y trabaja en una empresa.
—Así es, es una persona con mucha autonomía y muy independiente, hizo un curso de FP Básica y ya lleva unos años trabajando de auxiliar administrativo en una empresa privada. Hizo la FP no gracias a la Administración autonómica y estatal, que nos estaba asfixiando e iba a muerte contra nosotros, sino gracias al Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y a la familia sosteniendo esa pelea. Nos dieron la razón porque no tenían más salida (Naciones Unidas reprendió a España por discriminar a Rubén y no dejarle seguir estudiando en un colegio ordinario).
En Menorca hay unidades especializadas, aulas UECO, en colegios e institutos, ¿qué le parece este sistema?
—Es una integración muy entrecomillas, no dejan de ser aulas segregadoras y discriminadoras, eso no es inclusión, están en centros ordinarios aparentando integración cuando estás mostrando al resto del colegio y de la sociedad que están apartados. Reciben una educación paralela que no está reglada ni titula. En el siglo XXI la educación o es inclusiva o no es, el resto es disfrazarlo todo de inclusión. Nosotros no tenemos que avergonzarnos de nuestros hijos ni mucho menos, es la Administración la que se pone colorada cuando hay estas denuncias. Las familias tienen que salir reforzadas y reclamar este derecho, que sepan que si quieren pueden luchar y conseguirlo.
Usted se rebeló cuando mandaron a su hijo a un centro especial, ¿a qué atribuye ese criterio de los docentes?
—Fundamentalmente creo que es por comodidad. Se quejan, y con razón, de que en muchos casos no tienen los apoyos adecuados y que merecen las personas con diversidad, pero la solución no es echar al menor, sino que todos peleemos para que esos apoyos estén, que sean reales y eficaces. En la escuela no sobra ningún niño. Es obligación de los docentes escalar las quejas hacia arriba y exigir.
La inclusión afecta en muchos otros aspectos de la vida.
—Si, es un tema con muchas aristas: la sociedad, las familias, los profesionales, las asociaciones…, pero la base es que nuestros hijos tienen que escolarizarse en condiciones, que aprendan y socialicen con el resto, lo demás son excusas.
El apunte
Este sábado en el Museu, jornada-coloquio de Asinpros sobre la inclusión social
