La reciente publicación del informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Dean Spielmann, sobre la Ley de Amnistía ha desatado una ola de reacciones en el panorama político español. Este dictamen, aunque no vinculante, ha sido interpretado de manera dispar por los principales actores, desde el Gobierno hasta la oposición, y se perfila como un elemento crucial en el devenir de la norma y, por ende, en el posible regreso del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. El documento sugiere que la amnistía no constituye una «autoamnistía» y que, además, no colisiona con la legislación comunitaria en materia de lucha contra el terrorismo, ni afecta a los intereses financieros de la Unión Europea. Este pronunciamiento ha sido recibido con optimismo por parte de los defensores de la ley, mientras que sus detractores lo han rechazado de plano, subrayando la profunda división existente en torno a esta controvertida medida.
El contexto del informe conocido esta semana se enmarca en las cuestiones prejudiciales elevadas por tribunales españoles al TJUE, buscando clarificar la compatibilidad de la Ley de Amnistía con el derecho de la Unión. La opinión de Spielmann, un jurista de reconocido prestigio, representa una guía importante para los jueces del Tribunal de Luxemburgo, quienes emitirán la sentencia definitiva en los próximos meses. Mientras tanto, las interpretaciones políticas no se han hecho esperar. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado este sábado la resolución como un «paso adelante» en la dirección correcta, defendiendo su perfecto encaje constitucional tanto en España como en el ordenamiento jurídico de la UE. Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha desestimado por completo el informe, reiterando el rechazo de su partido a una norma que considera un «perdón injusto» para los «golpistas» del 1 de octubre de 2017, y cuestionando la imparcialidad de las instituciones europeas.
El Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dean Spielmann, es una figura clave en el proceso judicial comunitario. Su función consiste en presentar, con total imparcialidad e independencia, un dictamen motivado sobre los asuntos que se le someten, con el fin de asistir al Tribunal en su tarea de interpretar y aplicar el Derecho de la Unión. Aunque su opinión no es vinculante para los jueces, suele ser un indicador fiable de la dirección que tomará la sentencia final. En el caso de la Ley de Amnistía, el informe de Spielmann ha abordado varias de las preocupaciones planteadas por los tribunales españoles.
Entre sus conclusiones más destacadas, Spielmann ha argumentado que la Ley de Amnistía no puede ser considerada una «autoamnistía», un concepto que implicaría que los propios beneficiarios de la ley la hubieran diseñado y aprobado en su propio interés, sin un respaldo democrático adecuado. Además, el dictamen ha descartado que la norma colisione con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo, un punto de especial controversia en el debate nacional. Finalmente, el Abogado General también ha señalado que la amnistía no afecta a los intereses financieros del bloque comunitario, desestimando así otra de las objeciones planteadas. Este análisis técnico y jurídico proporciona una base sólida para la deliberación de los magistrados del TJUE, quienes deberán pronunciarse definitivamente sobre la compatibilidad de la ley española con el marco legal europeo.
Reacciones del Gobierno y Junts: “Un paso adelante”
Desde el Gobierno de España, la valoración del informe ha sido claramente positiva. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una rueda de prensa celebrada desde la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde se reunió con entidades culturales palestinas, ha definido la resolución como un «paso adelante» significativo. Urtasun ha insistido en que la Ley de Amnistía «tiene perfecto encaje constitucional en España y en el ordenamiento jurídico de la UE». Para el ministro, este dictamen es «un paso más en la dirección correcta de lo que nosotros queremos, que es la plena aplicación de todos los efectos de la ley de amnistía». A pesar de su optimismo, Urtasun ha mostrado «prudencia a la espera de lo que diga finalmente» el TJUE, con la esperanza de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de personas afectadas «puedan recuperar la plena normalidad como ciudadanos». Ha recalcado que esta ley es “la voluntad del legislador español; porque, sí, las Cortes validaron esta Ley de Amnistía y, por tanto, es un paso más en la buena dirección“, ha resumido.
Por su parte, desde Junts per Catalunya, la portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras, ha celebrado el informe como una «muy buena noticia» que «acerca un poco más» el regreso de Carles Puigdemont. Nogueras ha criticado la «dilatación» del proceso, sugiriendo que si esta amnistía «hubiera pasado en otros país de la Unión Europea no se ‘hubiera dilatado tanto’». Además, ha interpretado el dictamen como un «portazo» a formaciones y entidades como Vox, FAES, el expresidente José María Aznar y el Partido Popular, a quienes acusa de «estar haciendo todo lo posible para evitar la amnistía». La formación independentista ve en este informe un espaldarazo a su postura y una confirmación de la viabilidad jurídica de la ley, reforzando sus expectativas políticas.
La contundente oposición de Vox: “Un perdón injusto”
En el extremo opuesto del espectro político, Vox ha rechazado de plano la posición del Abogado General del TJUE. La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en una entrevista concedida a ‘Parlamento‘ de RNE ha reiterado el rechazo de su partido a la Ley de Amnistía, a la que considera «un perdón injusto» para los «golpistas» del 1 de octubre de 2017. Rodríguez de Millán ha insistido en que el posicionamiento de Dean Spielmann está «en contradicción con la justicia española y europea», según su criterio. La formación de Santiago Abascal mantiene que la amnistía «no es constitucional y es contraria al Derecho europeo», argumentando que «supone un perdón injusto a los que dieron un golpe en Cataluña» y que fue pactada como «un pago político» del presidente Pedro Sánchez a Carles Puigdemont por el apoyo de Junts a su investidura a finales de 2023.
Vox ha mantenido firmemente su postura de que la amnistía es, de hecho, una «autoamnistía», a pesar de lo indicado en el informe del Abogado General. «Vox sí piensa que es una autoamnistía: son los propios golpistas los que la han diseñado, a nosotros no nos hace falta que nos lo digan porque lo creemos firmemente, no nos hace falta que lo diga una resolución o un papel», ha declarado Rodríguez de Millán, subrayando la convicción inquebrantable de su partido. Además, la portavoz ha expresado una profunda desconfianza hacia las instituciones europeas, afirmando que «no cabe esperar nada de la misma UE que no ha puesto el grito en el cielo por la laminación del Estado de Derecho en España y por el régimen totalitario de (Pedro) Sánchez, por el contrario, lo que ha hecho es sostener y ampararle». Esta crítica refleja una visión de la Unión Europea que, según Vox, no ha actuado con la contundencia necesaria ante lo que consideran una deriva autoritaria en España.
Para la política española, una sentencia favorable del TJUE representaría un espaldarazo significativo para el Gobierno y sus socios, facilitando la aplicación plena de la ley y, potencialmente, el regreso de Carles Puigdemont y otros líderes independentistas. Por el contrario, una sentencia que contradijera el informe del Abogado General y declarara la incompatibilidad de la amnistía con el derecho de la UE, abriría un nuevo escenario de incertidumbre y conflicto jurídico. Este dictamen, por tanto, no solo es un hito legal, sino también un factor determinante en la estabilidad política y la convivencia en España, con repercusiones que van más allá de lo estrictamente jurídico.
Desde su concepción, la Ley de Amnistía ha generado un intenso debate sobre su constitucionalidad y su encaje en el Estado de Derecho español. Ha sido objeto de fuertes críticas por parte de la oposición, que la considera una medida de «impunidad» y un «ataque a la separación de poderes». Diversos órganos judiciales españoles han elevado cuestiones prejudiciales al TJUE y recursos de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional, buscando clarificar su legalidad. Este complejo entramado jurídico y político subraya la profunda polarización que la amnistía ha provocado en la sociedad española, convirtiéndose en un eje central del debate público y un termómetro de las tensiones territoriales y políticas en el país durante este 2025.
