Este paso legislativo nace tras años de insistentes debates y dos legislaturas en las que se ha ido ajustando el texto, intentando equilibrar las necesidades medioambientales con las estructuras territoriales y las competencias autonómicas en movilidad. Entre los temas más controvertidos han estado las conexiones en zonas despobladas y la participación corresponsable en la financiación.
El objetivo global es que el sector del transporte aporte menos a las emisiones de gases de efecto invernadero, donde España, como parte de la UE, debe contribuir a una reducción frente a la realidad actual, en la que el transporte supone un 25% del total de emisiones comunitarias.
Principales objetivos y novedades de la ley
En el centro de la nueva normativa está el propósito de disminuir el uso del vehículo privado con motor térmico, promoviendo alternativas como el tren, el autobús, la bicicleta o los trayectos a pie. Para ello, se establece un marco normativo que permite a los gobiernos locales implementar medidas como peajes urbanos en zonas de bajas emisiones, un sistema que cobra tasas a vehículos contaminantes que circulen por áreas restringidas.
Además, los municipios con más de 300.000 habitantes deberán impulsar la creación de carriles reservados para autobuses, taxis y coches compartidos en vías de entrada con tres o más carriles, facilitando así un tráfico más ágil y sostenible.
Para incentivar el uso de la bici, la ley contempla la instalación de aparcamientos y servicios públicos de bicicletas compartidas en estaciones y puntos de intercambio modal, además de fomentar la construcción de vías ciclistas urbanas e interurbanas con criterios técnicos unificados.
El fomento de la movilidad peatonal también cobra relevancia, promoviendo zonas peatonales, renaturalización de espacios, plazas accesibles y mobiliario urbano como bancos, fuentes y aseos públicos, facilitando un entorno más amable para quienes opten por desplazarse a pie.
Estrategias para garantizar acceso universal y apoyos al transporte
Una de las innovaciones más relevantes es el reconocimiento constitucional del derecho a la movilidad, vinculándola a una mejor calidad de vida. Se incorpora además el concepto de pobreza en el transporte, reconociendo que existen hogares con dificultades para asumir el coste de desplazarse en transporte público.
El Gobierno tiene ahora un plazo de dos años para diseñar una estrategia que alivie este problema social y facilite el acceso a servicios públicos esenciales, especialmente para colectivos vulnerables. Este enfoque social supone un compromiso importante dentro del marco europeo y español, que reconocen que el transporte debe ser asequible y equitativo.
Este compromiso también tiene repercusiones financieras directas, pues la aprobación de esta ley es condición para que España reciba 10.000 millones de euros en fondos europeos, una inyección crucial para la implementación de proyectos sostenibles de movilidad.
Medidas para las empresas y planes de movilidad
Otra novedad significativa es la obligación para las grandes empresas y centros de trabajo de ofrecer alternativas de movilidad colectiva y sostenible para sus empleados en un plazo máximo de dos años. La norma busca que las compañías se comprometan con soluciones como movilidad activa, vehículos compartidos, recarga para vehículos cero emisiones o teletrabajo cuando sea posible.
Además, los trabajadores podrán deducirse en su declaración del IRPF los gastos relacionados con el transporte público, impulsando así una mayor utilización de estas opciones frente al coche privado.
Las empresas con más de 200 empleados o 100 por turno, y los centros públicos cuando así se decida, estarán sujetos a esta medida, mientras que para compañías más pequeñas será voluntaria pero incentivada mediante subvenciones específicas.
Renovación del parque móvil y apoyo a coches más limpios
En un equilibrio entre impulso al vehículo eléctrico y apoyo a la reducción de emisiones de vehículos térmicos, la ley establece un plan de ayudas para la adquisición y sustitución de automóviles. No solo subvenciona coches eléctricos, sino también aquellos que cumplen con la norma Euro6d, que limita emisiones contaminantes.
En los tres meses siguientes a la entrada en vigor de la ley, el Gobierno debe diseñar un plan para incentivar tanto la compra de vehículos de bajas o nulas emisiones como la retirada voluntaria de coches antiguos y contaminantes.
Se prevé además fomentar la infraestructura de carga para coches eléctricos, con la obligación de señalizar progresivamente las estaciones de recarga ultrarrápida en las principales vías de comunicación a lo largo de un año.
Mejoras en conexiones interurbanas y transporte en zonas despobladas
Otro de los grandes retos ha sido la renovación de concesiones y el refuerzo del transporte público colectivo entre localidades, muy relevante en zonas afectadas por la despoblación. La ley establece que las líneas estatales de autobús deberán tener origen y destino en poblaciones principales, pero con paradas intermedias para garantizar la conexión territorial completa.
También se prevé que ayuntamientos y comunidades puedan implementar servicios de lanzaderas coordinados con estaciones de tren y grandes líneas de autobús, incluyendo la posibilidad de venta conjunta de billetes para facilitar el viaje intermodal.
Además, por primera vez se reconoce de forma explícita servicios innovadores como el carsharing y plataformas colaborativas tipo BlaBlaCar y se contempla su financiación para extender la movilidad compartida como una solución efectiva.
