El recurso fue formalizado por diputados del PSOE, Sumar-Més y Podemos en el Congreso, aunque fue promovido desde Balears por las fuerzas progresistas junto a entidades de la sociedad civil (GOB, Fòrum de la Societat Civil, la Obra Cultural Balear y CCOO). Los promotores de esta acción judicial, entre otros argumentos, plantearon que la Ley se salta la autonomía municipal, además de incumplir legislación básica estatal y «vehicular una amnistía encubierta».
La admisión del recurso da 15 días al Govern para personarse y formular sus alegaciones para defender el texto jurídico. El Ejecutivo ya expresó tranquilidad ante este recurso, seguro de la fortaleza jurídica de su texto; el mismo sentir que ha trasladado este miércoles el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, que restaba importancia a la admisión de la demanda como un mero trámite inevitable si se cumplían los requisitos formales. Es decir, algo «que todos sabíamos que pasaría». El ‘popular’ lo decía porque minutos antes los portavoces del PSIB y Més, Iago Negueruela y Lluís Apesteguia, habían salido conjuntamente a celebrar este paso.
La primera parte de aquella ley fue un decreto limitado a Palma para desbloquear, según el PP, la construcción de unas 20.000 viviendas en suelo urbanizable. Después se tramitó como Proyecto de Ley y allí es donde Vox pactó más cambios con el Govern, entre ellos extender la liberalización a más municipios y dar a los ayuntamientos la posibilidad de utilizar el suelo rústico de las áreas de transición sin necesidad de haber agotado antes el urbano y urbanizable (con un mecanismo por el que el municipio puede autoexcepcionarse alegando razones de emergencia habitacional).
En Palma ya están en trámite los primeros Proyectos Residenciales Estratégicos sobre suelo urbanizable. En concreto, en Son Güells y Son Puigdorfila Nou. En total son más de 3.600 viviendas, la mayoría de ellas en Son Güells, y casi 2.000 serán de precio limitado, pero ninguna de protección oficial tradicional. La ley permitía sustituir el porcentaje de VPO requerido por el Plan General por viviendas de precio limitado, uno de los aspectos que más ha criticado la izquierda.
En cambio, ningún ayuntamiento, tampoco los gobernados por PP y Vox, se ha acogido al régimen para construir en las áreas de transición, y tienen como máximo hasta julio de 2026 para desbloquearlo mediante un acuerdo expreso que debe pasar por el pleno. Este martes la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, reprendió a la presidenta Marga Prohens por ello e insinuó un pacto oculto durante las negociaciones de la Ley por el que el PP se habría comprometido a tramitarlo en sus municipios.
Este miércoles Cañadas se ha ratificado en esas afirmaciones, pero el PP lo niega y asegura que se acordó que quedaba a criterio de cada ayuntamiento. En Palma, la posible liberalización de estos terrenos generó una fuerte contestación vecinal. Desde Cort prometieron que se respetarán las áreas colindantes a los 16 núcleos tradicionales.
