El Gobierno busca fórmulas para obligar a Baleares a poner un tope a los alquileres

El Gobierno busca fórmulas para obligar a Baleares y al resto de comunidades gobernadas por el PP a que declaren áreas tensionadas en sus territorios con el objetivo de que se fije un tope a la subida de los alquileres, algo a lo que se oponen las Islas. El Govern sostiene que esta medida, pensada para contener los precios, tiene efectos negativos porque disuade a los propietarios, que no sacan sus propiedades al mercado como consecuencia de estas limitaciones.

Estas discrepancias han quedado de manifiesto este jueves en la Conferencia Sectorial de Vivienda, presidida por la ministra Isabel Rodríguez, y a la que ha asistido el conseller balear de Vivienda, José Luis Mateo, junto con el resto de consejero de comunidades autónomas. La ministra ha expuesto a los consejeros el nuevo plan de vivienda, que incorpora mecanismos para que las comunidades participen en la financiación conjunta de la construcción de vivienda. También propone mecanismos para que las autonomías que no topen los precios de alquiler reciban menos financiación.

«No es un plan consensuado sino una imposición para intentar que las comunidades autónomas cofinancien unas medidas y programas sobre las que el Estado no tiene competencias. El Ministerio pretende imponer sus políticas de vivienda, dejando a las comunidades sólo su ejecución y bajo sus condicionantes», ha manifestado el conseller de Vivienda, José Luis Mateo ante la propuesta del Gobierno. También ha censurado el retraso de este proceso y que las comunidades no hayan conocido la propuesta antes de iniciar el periodo de información pública, «sin apenas tiempo» para un debate amplio en una cuestión de su competencia.

El Govern ha expresado en Madrid de esta manera su rechazo al intento de «imposición» por parte del Gobierno central del nuevo Plan estatal de vivienda 2026-2030 propuesto por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y ha reclamado una negociación real con las comunidades autónomas, desde la «lealtad institucional» y el «respeto» a sus competencias en vivienda, y más políticas de incentivos para conseguir más vivienda de alquiler asequible.

«Bienvenida sea la colaboración con el Gobierno, pero partiendo de una lealtad institucional en todo este proceso, y esa colaboración ha brillado por su ausencia», ha señalado el conseller. Así, Mateo ha lamentado que las comunidades autónomas hayan sido «las grandes olvidadas» para haber trabajado conjuntamente con el Ministerio en este plan, y ha criticado «tanto la forma como el fondo, al imponer el Ministerio unas condiciones y una cofinanciación para aplicar las medidas estatales y no las que llevan a cabo las comunidades autónomas», siendo éstas las competentes en la materia según la Constitución española.

El conseller Mateo ha defendido en Madrid que esta reunión en la Conferencia sectorial debería ser el «punto de inicio» para debatir el Plan estatal de vivienda, el cual, ha dicho, debería servir para «apuntalar» las políticas de vivienda que desarrollan las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias. El Govern ha reiterado su rechazo al planteamiento del Gobierno central de intentar «imponer» un modelo que supedita las distintas líneas de ayudas del futuro plan estatal a la aplicación o no de medidas que corresponde decidir a las propias comunidades autónomas, y se opone a que se pueda utilizar el Plan estatal de vivienda, financiado con dinero «de todos los españoles», para tratar de «forzar» a las comunidades a aplicar determinadas políticas marcadas por el Ministerio.

En un comunicado, el Govern insiste en defender la necesidad de promover nuevos incentivos para aumentar la oferta de vivienda asequible de alquiler, tanto para incentivar la salida al mercado de viviendas vacías como para aumentar la vivienda protegida, de iniciativa pública y privada; de nuevos programas de ayudas para la rehabilitación de viviendas a nivel estructural (no sólo vinculadas a la eficiencia energética) y para mejorar la accesibilidad; y de ayudas a la promoción de alojamientos para funcionarios públicos desplazados, entre otras, y teniendo en cuenta las singularidades de las islas.

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