
El Gobierno da largas a la posibilidad de limitar la compra de vivienda a los ciudadanos no residentes en las Islas. Asegura que el Tratado de la Unión Europea prohíbe todas las restricciones a las limitaciones de capitales a los estados miembros, así como entre estos y terceros países. «Esta libertad de circulación de capitales ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión», dice el Ejecutivo
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