A diferencia de la ley autonómica, la ley estatal castiga expresamente a quienes enaltezcan el golpe de Estado de 1936 y a las autoridades que permitan actos de enaltecimiento. Galmés se expone a una multa de hasta 100.000 euros. El Govern no es la administración competente para vigilar el cumplimiento de la Ley Estatal de Memoria Histórica, de ahí que no haya podido archivar esta parte de la denuncia, que solo registraron los socialistas. Su obligación es dar traslado al Ministerio de Presidencia.
La Conselleria de Presidència del Govern sí archiva la denuncia por presunto incumplimiento de la ley autonómica de memoria democrática y lo hace «alegando que en su intervención en el pleno del Consell de Mallorca en el que el conseller de Vox empleó el término ‘última cruzada de liberación’, Gil habló también de ‘tragedia’». ¿Llamar última ‘cruzada de liberación’ al Golpe de Estado de 1936 es una ‘tragedia’? Depende de a quién se le pregunte. «Los técnicos juristas no ven indicios de incitación al odio ni nada por el estilo», dicen fuentes del departamento autonómico.
El exsecretario autonómico de Memòria Democràtica Jesús Jurado (Podemos) tiene claro que fue un día ‘trágico’, pero no en el sentido en el que Gil utilizó esta palabra. «Aquí tenemos en el pleno a este fascista llamando ‘última cruzada de liberación’ a la represión franquista que asesinó a más de 2.000 personas en la Isla. Las 334 víctimas desenterradas en las fosas mallorquinas son apenas un inconveniente para su relato», dijo Jurado el mismo día de los hechos en la red social X (antes Twitter) en la que compartió el vídeo con la intervención del denunciado. Ahora avisa de que no se conformará con el archivo.
«Entiendo que existe la posibilidad de presentar un recurso potestativo de reposición contra el archivo de la causa y así lo haremos porque pensamos que el archivo es irregular», dice. «Está tan claro en la ley que lo que dijo este hombre es una falta grave que no nos queda duda de que el archivo solo responde a cuestiones políticas. Saben que con la derogación de la ley autonómica estas faltas quedarán también derogadas y con el archivo el Govern se han querido adelantar a lo que consumará el Parlament», lamenta el exsecretario de Memòria.
Jurado se refiere así a la proposición de ley que registró precisamente la semana pasada Vox en cumplimiento del pacto de investidura firmado entre el PP y Vox para derogar íntegramente la ley autonómica de memoria democrática.
En el mismo sentido se ha pronunciado Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación de víctimas Memòria de Mallorca: «La respuesta obedece a la estrategia de ganar tiempo ante la derogación».«Las políticas de memoria democrática en Baleares, con o sin leyes, no existen. Lo único que están consiguiendo con estas decisiones es de nuevo revictimizar a las víctimas de la ‘cruzada de liberación’ que solo en Mallorca ocasionó más de 2.000 víctimas asesinadas», añade. La asociación dice que no desfallecerá y valora emprender acciones jurídicas.
