El Govern solo ha ejecutado 59 millones de los 480 que ha cobrado de la ecotasa desde 2017

La Sindicatura de Comptes ha sacado los colores al Govern en un demoledor informe en el que denuncia el caos y descontrol en la gestión de este impuesto, una circunstancia que está detrás de ese bajísimo nivel de ejecución de los proyectos. Las dificultades que ha tenido la Sindicatura para elaborar este informe hacen que el órgano de fiscalización ni siquiera emita un informe de auditoría. Es decir, no se atreve a avalar los datos de la ecotasa y no puede dar garantías de que durante todo el procedimiento o todos los trámites se cumpla la ley «debido al efecto muy significativo de dos limitaciones al alcance del trabajo de auditoría realizado».

La Sindicatura remitió este jueves el informe al Parlament para que lo analicen los partidos. En esencia, el informe dice que hay una falta de gestión, pero también critica que buen parte de los proyectos que se aprueban en la Comisión acaban siendo papel mojado porque las propuestas no están trabajadas. Por ejemplo, se plantea la realización de un centro deportivo y se le asigna un presupuesto, pero la realidad es que en ocasiones ni siquiera hay terrenos para hacer el equipamiento, no digamos ya el proyecto técnico, por lo que lleva años aparcado.

El informe ha detectado «deficiencias graves en los procedimientos de control interno» establecidos por la Agencia de Estrategia Turística de les Illes Balears (AETIB) durante la gestión del Fondo y una de las conclusiones del informe es que el Govern debería tomar el control y gestionar directamente la ecotasa y, de no hacerlo, pide que se dote a la entidad de medios técnicos y humanos para que pueda hacer su labor en condiciones.    También pide que cada se elaboren los informes de auditoría de la ejecución del impuesto que marca la propia ley de la ecotasa.

La Sindicatura consigna problemas en prácticamente todos los expedientes que ha examinado.  Algunas de las actuaciones financiadas no cumplen lo que marca el impuesto y hay ciertas actuaciones y compras que no tienen en cuenta que, una vez realizado el proyecto, supondrá un gasto a lo largo de los años. Muchas expedientes no tienen los justificantes ni de las obras realizadas ni de los pagos ejecutados por la Administración.