En un comunicado la máxima representante del CICR subrayó la inaceptabilidad de los abusos que se están presenciando. «Nada puede justificar los espantosos abusos de las leyes de la guerra que estamos presenciando en Sudán», afirmó Spoljaric, haciendo hincapié en que «ningún paciente debería morir en un ataque contra un hospital» y «ningún civil debería caer abatido mientras intenta huir de su hogar». Estas declaraciones ponen de manifiesto la brutalidad de un conflicto donde las normas básicas de la humanidad son sistemáticamente ignoradas, con consecuencias catastróficas para la población. La violencia sexual rampante y la destrucción deliberada de servicios esenciales son solo algunas de las atrocidades documentadas.
La presidenta del CICR ha sido categórica al exigir el fin de estos «atroces ataques» y el respeto irrestricto del derecho internacional humanitario. A pesar de los reiterados llamamientos a las partes en conflicto para que acaten estas leyes fundamentales, la realidad es que «este se sigue violando con impunidad». La población civil se ha convertido en el blanco principal de una violencia indiscriminada, que incluye ataques brutales, violencia sexual rampante y la destrucción sistemática de infraestructuras vitales. Las instalaciones que antes eran refugios o centros de vida, como hospitales y escuelas, se han transformado en «escenario de muerte y destrucción», exacerbando el sufrimiento de una nación ya devastada.
La situación en Sudán, y particularmente en Al Fasher, se ha deteriorado drásticamente, llevando a una catástrofe humanitaria de proporciones alarmantes. Los informes del CICR y otras organizaciones humanitarias detallan un panorama desolador donde la vida cotidiana de millones de sudaneses está marcada por el miedo y la privación. Los ataques contra la población civil no solo se manifiestan en la pérdida directa de vidas, sino también en la destrucción deliberada de servicios esenciales como el acceso a agua potable, electricidad y atención médica. Esta estrategia de tierra quemada busca desmoralizar y desplazar a las comunidades, generando un éxodo masivo y una crisis de refugiados sin precedentes en la región.
Uno de los aspectos más preocupantes de este conflicto es la vulnerabilidad extrema del personal humanitario y de salud. Mirjana Spoljaric ha insistido en la necesidad de que cesen los ataques contra quienes intentan aliviar el sufrimiento. Sin embargo, la cruda realidad demuestra lo contrario: «esta misma semana en Kordofán del Norte, cinco de nuestros colegas de la Media Luna Roja Sudanesa perdieron la vida». Este trágico suceso es un sombrío recordatorio del riesgo constante que enfrentan los trabajadores humanitarios en Sudán.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH) es un conjunto de normas que, por razones humanitarias, busca limitar los efectos de los conflictos armados. Protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y restringe los medios y métodos de guerra. En Sudán, estas normas, que son la base de la civilización en tiempos de guerra, están siendo violadas de manera sistemática y flagrante. La presidenta del CICR ha enfatizado que «todos los Estados tienen la obligación no solo de respetar el derecho internacional humanitario en su propia conducción de las hostilidades, sino también de ocuparse de que lo hagan los demás». Esta obligación implica una responsabilidad colectiva de la comunidad internacional para asegurar el cumplimiento de estas leyes fundamentales. La «vista gorda» a la que se refiere Spoljaric no es solo una metáfora; es una crítica directa a la falta de una respuesta internacional robusta y coordinada. Hoy, «muchísimas vidas en Sudán dependen de que se tomen medidas enérgicas y categóricas» para poner fin a estas atrocidades. El mundo no puede permitirse «quedarse de brazos cruzados mientras la población civil se ve despojada de su seguridad y de su dignidad, y se pisotean las leyes de la guerra instauradas para protegerla». La credibilidad del sistema internacional de protección de derechos humanos está en juego.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una organización de renombre mundial, reconocida por su labor humanitaria en las zonas más afectadas por conflictos y violencia. Fundado en 1863, el CICR se distingue por su carácter neutral, imparcial e independiente, principios que son la piedra angular de su misión. Su cometido, exclusivamente humanitario, está firmemente establecido en los Convenios de Ginebra de 1949, tratados internacionales que regulan el derecho de la guerra y la protección de las víctimas. La organización trabaja incansablemente para ayudar a personas afectadas por conflictos armados y otras situaciones de violencia en todo el mundo, esforzándose por proteger su vida y su dignidad, y por aliviar su sufrimiento.
A menudo, esta labor se realiza en estrecha colaboración con sus socios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, formando una red global de asistencia y protección. Su presencia en Sudán es un testimonio de su compromiso con las poblaciones más vulnerables. Al Fasher, capital de Darfur del Norte, se ha convertido en un epicentro de la violencia en Sudán, con intensos combates que han atrapado a cientos de miles de civiles. La ciudad es un punto estratégico clave y los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas Sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido han provocado una devastación generalizada y un desplazamiento masivo de la población.
