Los conflictos entre bares y vecinos son habituales en Palma, pero ninguno ha tenido el desenlace del que enfrenta a un local de s’Arenal con la propietaria del segundo. La vecina ha tenido que marcharse de su casa. Su presencia, según una juez supone un peligro para la integridad de clientes y trabajadores. Ella proclamaba: «No voy a vivir en la calle teniendo mi casa». Sin embargo, la ley se impuso: fue detenida y puesta a disposición judicial tras incumplir la orden.
La propiedad del bar denunció en el juzgado meses de persecución y acoso por parte de la vecina del segundo. El relato incluye llamadas diarias a la Policía Local de Llucmajor con motivos infundados, sabotajes constantes a las instalaciones y una escalada que llevó, en el mes de mayo a los dos episodios más graves: alguien arrojó una especie de cóctel molotov a través del patio de luces. Otra noche coló una manguera por una ventana y abrió el agua. Cuando los dueños del local llegaron había daños en ordenadores, frigoríficos y parte de las existencias. Avisaron a la policía y los agentes tiraron de la goma. Al final de la manguera apareció la vecina sospechosa. En otro episodio se produjo un robo del cuadro eléctrico después de que se cortaran de forma habitual los cables en otros ataques.
A partir de esa denuncia, un juzgado de Palma abrió una investigación judicial. En ella, la acusación solicitó el ingreso en prisión preventiva de la vecina. La magistrada descartó esa medida pero sí apreció motivos suficientes para ordenar a la investigada alejarse cincuenta metros del establecimiento. Eso implicaba la obligación de dejar su domicilio. El auto valoraba la existencia de indicios de la autoría de los hechos a partir, tanto de la declaración de la imputada como del hecho que era la única persona que mantiene un conflicto abierto con el local. Ningún otro vecino había planteado quejas por ruido e incluso, algunos de ellos, negaron a la policía local que el bar fuera molesto. Los agentes también dejaron escrito en algunos atestados que tenían la impresión de que se les llamaba con la intención de acosar al negocio.
El auto fijaba un plazo hasta el martes a las dos de la tarde para que la vecina abandonara la vivienda y cumpliera con la orden judicial. No lo hizo. Sí hizo públicas sus quejas. En este diario y a través de varias televisiones negó ser la autora de los ataques y defendió su derecho a la vivienda, al tiempo que reiteraba sus quejas por ruido y comportamientos molestos desde el local. En la madrugada del jueves, la Guardia Civil de Llucmajor la detuvo por incumplir la medida. Pasó parte de la noche en el calabozo y, a la mañana siguiente pasó a disposición judicial. Muy nerviosa y alterada, la vecina de s’Arenal se acogió a su derecho a no declarar. Nadie pidió más medidas cautelares en su contra pero se marchó con la advertencia de consecuencias más serias si no acataba la medida cautelar.
Ahora, la vecina, además de estar pendiente de una investigación por daños y coacciones suma otras diligencias judiciales por quebrantamiento. No regresó a la casa tras su visita al calabozo.
