Según datos muy recientes, más del 60% de la inversión hotelera en Balears en 2024 provino de fondos internacionales no vinculados directamente a cadenas hoteleras. Esta nueva oleada ha impulsado reformas, reposicionamientos de marca y una profesionalización de la gestión. Pero también ha introducido una lógica eminentemente financiera y cortoplacista: maximizar valor, rentabilidad y rotación del activo en plazos breves. Esa lógica puede llevar aparejada una presión creciente sobre el territorio, y no solo en el ámbito hotelero. La necesidad de obtener beneficios rápidos se traduce en políticas de rotación y frecuencia agresivas, en la búsqueda constante de elevar el número de clientes-visitantes y en la expansión hacia nuevos segmentos —eventos, cruceros o alquiler vacacional—, muchas veces sin evaluar adecuadamente la capacidad de carga de la isla.
La intensividad en la gestión del negocio no es para estas compañías un efecto colateral, sino una palanca de negocio inherente en su ADN. Las Balears recibieron en 2024 más de 18’7 millones de turistas, quince veces su población residente. Una exposición turística de este calibre genera saturación puntual de infraestructuras, tensión social en temporada alta e inflación en el mercado inmobiliario. Lejos de resolver estos desequilibrios, el modelo promovido por los fondos tiende a reforzarlos.
Otro fenómeno relevante es la pérdida de control local. Las decisiones sobre inversión, gestión y expansión se toman fuera del territorio, en despachos de Nueva York o Dubái, con escasa sensibilidad hacia las particularidades sociales, culturales o medioambientales de estas islas. Los beneficios son globales, pero los costes —económicos y ecológicos— se pagan localmente. A esta desconexión territorial se suma una asimetría competitiva poco discutida: la ventaja burocrática de las grandes corporaciones. Mientras las pequeñas y medianas empresas locales deben enfrentar largos procesos administrativos para reformas o aperturas, las multinacionales disponen de departamentos jurídicos y fiscales que optimizan tiempos, licencias e incentivos públicos. Esta brecha de capacidades genera una competencia desleal estructural: aunque una pyme local quiera innovar o adaptarse a criterios sostenibles, parte con una desventaja de origen con la que es difícil combatir.
Incluso cuando la administración aprueba nuevas normativas, quienes tienen mayor capacidad para adaptarse, sortear o incluso influir en dichas normas son precisamente los grandes grupos. De este modo, la legislación, que debería corregir desequilibrios, termina a menudo consolidándolos.
El resultado es un turismo que paso a paso es más dependiente de capital externo, más estandarizado, y menos arraigado en el territorio. Se pierde la singularidad del destino, la identidad de su hospitalidad y la redistribución local del valor generado.
La solución no está en rechazar la inversión extranjera, sino en establecer con claridad qué tipo de inversión queremos. Las Balears necesitan un marco regulatorio con visión a largo plazo, que incentive un modelo turístico regenerativo, que limite la expansión indiscriminada y que priorice la sostenibilidad y el bienestar de su población. No se trata solo de proteger un destino, sino de garantizar que la prosperidad del sector beneficie realmente al territorio.
