La más reciente fue en el 2022 cuando un interno fuera de sí quiso agredir a varios trabajadores lanzándoles dos pesas de gimnasio, y causó destrozos varios en el búnker del centro con esos mismos objetos. No llegó a herir a nadie pero podía haber causado lesiones de consideración si las pesas hubieran impactado en alguno de ellos.
La última agresión física que sí provocó lesiones ocurrió en febrero de 2019 cuando un recluso golpeó violentamente en el rostro a un funcionario quien precisó traslado al Hospital Mateu Orfila donde le aplicaron varios puntos de sutura en el labio, además de las contusiones que sufrió en otras partes de su cuerpo por los golpes recibidos. Semanas después el recluso era trasladado a otra prisión, como ha venido sucediendo en Menorca cuando aparece un interno violento.
La cárcel de la carretera de Sant Lluís refuerza, en todos los sentidos, la catalogación con la que cuenta como centro de baja conflictividad, un perfil que la mantiene entre las tres más seguras de las que gestionan Instituciones Penitenciarias en el país.
Esta realidad, no obstante, no fue óbice para que unos 25 funcionarios de la prisión insular se concentraran este martes frente al edificio sumándose así a la iniciativa nacional para protestar por la grave agresión física y sexual sufrida por la psicóloga de la cárcel Sevilla II a manos de un interno durante una entrevista hace unos días, promovida por los sindicatos Acaip-UGT y CSIF.
Los funcionarios denuncian que no se trata de una agresión aislada, puesto que, aseguran, cada 16 horas se produce una agresión de media en las cárceles españolas hasta sumar más de 1.000 en los últimos dos años.
Los sindicatos exigen una respuesta eficaz de la Administración, la revisión y mejora de la clasificación interior de los internos, la depuración de responsabilidades, la dotación de sistemas de adecuados de emergencia y aviso ante incidentes, y el reconocimiento legal de agentes de autoridad de los funcionarios públicos penitenciarios.
Consideran que estas agresiones muestran un deterioro estructural del sistema penitenciario derivado de una clasificación «buenista» que solo busca el maquillaje estadístico y no atender a la realidad penitenciaria en un contexto de aumento de la población reclusa.
