La Coordinadora de Camins pedirá hoy a los ayuntamientos de Ciutadella, Es Mercadal, Ferreries, Alaior y Es Castell que abran ya la vía civil para reclamar en los juzgados la posesión y reapertura de los 43 caminos cerrados que los catálogos municipales consideran públicos.
La entidad ciudadana aprovechará este miércoles la reunión de la comisión de la que forman parte los municipios y el Consell para convencerles de la necesidad de no esperar a que se resuelvan los 14 contenciosos-administrativos que ya han interpuesto parte de los titulares afectados para no eternizar así la recuperación del uso público de estas sendas.
«Lo que buscan es ganar tiempo», alerta el portavoz de la Coordinadora, Pere Pons. «No rebaten el fondo del problema, sino el procedimiento, y así todo se acaba alargando demasiado». El único contencioso resuelto hasta la fecha, por un tramo del camino de Torre del Ram, se ha decantado a favor de la propiedad y el siguiente no tiene fijada la vista oral hasta octubre de 2026.
El Ayuntamiento de Ciutadella fue el primero en valorar la opción de la vía civil, pero ha optado por no acudir por ahora a los tribunales, al menos hasta que no se vaya definiendo la vía contenciosa.
El conseller de Movilidad, Juan Manuel Delgado, recuerda que ya se ha conveniado con los municipios el reparto de 200.000 euros anuales para ayudarles a mantener los caminos y asumir los gastos jurídicos derivados de los contenciosos, pero la Coordinadora lo considera insuficiente.
Contenciosos por resolver
Ciutadella tiene cinco contenciosos pendientes de resolver, interpuestos por dos de los principales lugartenientes de Menorca: los empresarios Víctor Madera (por Santa Anna y el barranco de Macarella) y Manel Adell (por Algaiarens y Son Felip), además de la propiedad de Son Bernardí. Ferreries tiene seis contenciosos, por los caminos de Binissuès, Son Mercer, Sant Antoni de Ruma, Ets Alocs, Santa Rita y el Camí Vell de Santa Galdana, Es Mercadal debe litigar por el de Ruma y Sant Lluís por Alcaufar.
Además de los 43 caminos públicos cerrados, la Coordinadora pide que se investiguen más otros 13, cuya titularidad es dudosa y también podrían ser públicos. Siete años después de iniciarse el proceso, los ayuntamientos de Alaior y Es Migjorn Gran no han logrado aprobar aún sus propios catálogos.
