Sin embargo, esta creciente demanda y uso masivo han traído consigo desafíos en materia de seguridad vial y regulación. Para garantizar una convivencia segura entre peatones, conductores y usuarios de otros vehículos, se han establecido nuevas medidas que afectan a la comercialización y circulación de estos dispositivos.
Una de las novedades más relevantes que rige desde principios de 2024 y que tendrá plena vigencia en 2027 es la obligatoriedad de contar con un certificado oficial para poder circular. Este requisito representa un híbrido entre la seguridad y la normativa del sector, adquirido para asegurar que todos los patinetes que circulen por las ciudades españolas cumplan unos mínimos estándares técnicos y de calidad.
Regulación de los patinetes en España
Hace apenas unos años, el mercado español de vehículos de movilidad personal (VMP) funcionaba sin una supervisión rigurosa. Modelos sin control, modificados para superar velocidades legales y sin sistemas de seguridad generaron accidentes y problemas entre peatones y usuarios por igual.
Ante esta situación, la autoridad encargada de la movilidad en España decidió intervenir para poner orden. Así nació la iniciativa de establecer una normativa clara y concreta que regulase el uso, compra y circulación de patinetes eléctricos y similares, contribuyendo a la seguridad vial y protección de todos.
La necesidad de regulación no era un tema menor: muchos jóvenes circulaban por aceras a velocidades superiores a las permitidas, poniendo en riesgo a transeúntes y a ellos mismos. En consecuencia, esto obligó a delinear estándares rigurosos para limitar las prestaciones y garantizar un funcionamiento seguro.
Certificación oficial: características y requisitos técnicos
A partir del 22 de enero de 2024, solo pueden comercializarse en España patinetes eléctricos homologados según los criterios establecidos en el Manual de características de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP). Este paso es clave para controlar la calidad y seguridad de los productos que ingresan al mercado.
Entre las condiciones técnicas exigidas para la certificación destacan algunas que no solo afectan a la seguridad, sino también a la usabilidad del dispositivo.
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Velocidad máxima limitada a 25 km/h para evitar riesgos por exceso de velocidad.
- Implementación de sistemas antimanipulación para impedir modificaciones ilegales que alteren el máximo permitido.
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Indicadores visibles sobre velocidad y batería para informar al usuario en tiempo real.
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Frenos dobles e independientes, capaces de garantizar una desaceleración mínima de 3,5 m/s², y freno de estacionamiento obligatorio en modelos con tres o más ruedas.
- Equipamiento de catadióptricos y luces delanteras, laterales y traseras; en patinetes de carga se requieren intermitentes y retrovisores adicionales.
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Timbrado acústico para alertar a peatones, con avisador de marcha atrás en modelos de transporte de mercancías.
- Sistemas para un plegado seguro que eviten aperturas accidentales.
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Marcajes únicos y permanentes que identifiquen cada vehículo con datos sobre número de serie, año y marca.
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Ruedas con mínimo 203,2 mm de diámetro y superficie rugosa, para mejorar la adherencia y seguridad.
- Equipamiento con patas de cabra o caballetes en vehículos de dos ruedas para evitar obstaculizar la vía pública.
Además de estos parámetros técnicos, la normativa impone pruebas donde se evalúa la resistencia estructural, la protección térmica de la batería, características antideslizantes y la compatibilidad electromagnética, lo que refleja un control exhaustivo para asegurar la durabilidad y seguridad de los vehículos.
Plazos de implementación
Desde que se implementó esta norma, el 22 de enero de 2024, sólo se pueden vender patinetes eléctricos que cumplan con esta certificación oficial. No obstante, aquellos adquiridos antes de esta fecha mantienen un período transitorio durante el cual pueden seguir circulando.
El plazo definitivo para adaptar el parque móvil a estas características es el 22 de enero de 2027, momento en el que únicamente los modelos homologados podrán circular en las vías públicas españolas. Esta medida busca homogeneizar el uso y preservar la seguridad tanto de los conductores como de los peatones, reduciendo riesgos derivados de dispositivos no certificados o modificados.
Esta regulación también tiene un impacto significativo en fabricantes y vendedores, quienes deberán adaptarse a los requisitos obligatorios para poder seguir operando en el mercado español, incidiendo en la fabricación, distribución y venta de patinetes eléctricos.