La jubilación de la psicológa forense Carmen Curcó, en abril de 2022, dejó su puesto vacante y dos años después, sigue igual, no se ha cubierto y eso está generando en algunos casos un retraso de más de medio año en procedimientos judiciales que requieren las actuaciones de este profesional, que está adscrito al equipo psicosocial del Instituto de Medicina Legal (IML) en Menorca.
La mayor carga de trabajo de dicho equipo está en el ámbito civil, sobre todo en periciales de familia, y también en cuestiones muy sensibles como son la violencia de género, los abusos y procesos de separaciones y divorcios, en los que se ven afectados menores.
El Colegio Oficial de Psicología de las Illes Balears (COPIB), a través de su vocal menorquina, Maite Ferrero, reivindica que se cubra la vacante de psicólogo forense o judicial, una petición a la que se suman los abogados, jueces y también el Consell.
El delegado del Colegio de Abogados en Menorca, Pedro Monjo, aseguró que esta situación «enlentece la justicia y perjudica a quienes tienen menos recursos», porque en muchos casos, ante el retraso del informe pericial que debe realizar el IML, hay personas que recurren a informes psicosociales particulares, de pago, «lo que supone que en muchos casos el justiciable no se puede beneficiar de un informe que debe ser gratuito», además de generarse retrasos cuando están en juego, por ejemplo, la pensión alimenticia, la custodia o el régimen de visitas de los niños en casos de divorcio.
No obstante, el abogado señala que el Ministerio de Justicia ha aprobado una partida de 15.000 euros para externalizar la contratación de informes a peritos en psicología designados por el Colegio.
La propia junta de jueces de Maó y Ciutadella, a través de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB), ha instado al Ministerio de Justicia la cobertura de esta plaza vacante, algo que a día de hoy no se ha producido.
Estructura
La Subdirección del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Menorca consta de dos secciones, patología y clínica, y de un equipo psicosocial, este último formado por un profesional de psicología forense y otro de trabajo social que desarrollan sus funciones en la jurisdicción de toda la isla, tanto Maó como Ciutadella.
La mayor carga de trabajo del equipo psicosocial, explica el IML en su última memoria de actividad, está en el ámbito civil, en concreto en las periciales de familia. La acumulación de juicios pendientes de resolución se alivia en parte con la externalización de estas pruebas periciales, aunque el propio instituto considera que «la pendencia sigue agravada por la falta de profesional de psicología en la Subdirección, al jubilarse el personal existente en abril de 2022». En ese año se realizaron 27 externalizaciones de informes periciales, sobre 2023 aún no se han hecho públicos los datos.
El Instituto de Medicina Legal cuenta con cinco psicólogos forenses en Mallorca, uno en Eivissa y otro en Menorca, donde la plaza no se ha cubierto. En la lista de peritos de psicología que el Colegio de Psicólogos de Balears remite cada año a la gerencia territorial del Ministerio de Justicia figuran cuatro psicólogos jurídicos en Menorca. Estos profesionales realizan informes periciales privados, tanto civiles como penales, a petición de Justicia. La externalización y los psicólogos que se desplazan de Palma no ha resuelto el problema de retraso y paralización de expedientes en los juzgados de la Isla.
El apunte
La actividad de la Unidad Forense de Valoración ha sido casi «nula»
