La entrada en escena de asuntos personales en la confrontación política ha alcanzado nuevas cotas críticas estos días de verano tras las declaraciones del líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, quien ha reiterado sus acusaciones contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vinculándolo con supuestos beneficios derivados del negocio de la prostitución a través de su suegro ya fallecido.
El pasado viernes en Barcelona, Feijóo mantuvo la postura expresada previamente en el Congreso, donde afirmó que Sánchez era «partícipe a título lucrativo del abominable negocio», refiriéndose implícitamente a los establecimientos tipo saunas que, según publicaciones mediáticas de años anteriores, habría regentado el padre de la esposa del presidente.
En su intervención, el líder de la oposición defendió que no estaba criticando los negocios familiares del presidente, sino haciendo una crónica sobre informaciones publicadas durante más de una década por los medios de comunicación españoles. La respuesta del Ejecutivo no se ha hecho esperar. Los ministros del ala socialista han contraatacado duramente, acusando al PP de utilizar información procedente de los llamados «papeles de Villarejo» y de la conocida como «policía patriótica» para lanzar estas acusaciones que consideran infundadas.
El ministro para la Transformación Digital y de Función Pública, Óscar López, ha sido especialmente contundente al denunciar que Feijóo está recurriendo a «los papeles de Kitchen, los papeles de Villarejo y las cloacas del Estado» con el objetivo, según él, de desviar la atención sobre los presuntos casos de corrupción que afectan a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
López ha ido más allá exigiendo una investigación exhaustiva sobre las actividades de espionaje político que presuntamente se habrían desarrollado durante el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018), dirigidas contra adversarios políticos, entre ellos el propio Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición y actual presidente del Gobierno. No hay que olvidar que López es el señalado por el dirigente socialista para tratar de discutir el dominio político de Ayuso en la región madrileña.
Abolición de la prostitución como telón de fondo
En todo caso uno de los aspectos más controvertidos de esta disputa política ha sido la vinculación que ha establecido Feijóo entre la propuesta del PSOE de abolir la prostitución en España y los supuestos negocios del suegro de Sánchez. El líder del PP ha afirmado que el presidente «no puede decir que va a ilegalizar la prostitución, cuando participó del abominable negocio» y se benefició de ello «en el ámbito personal y patrimonial».
Ante estas acusaciones, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha salido en defensa de la postura gubernamental, afirmando que la intención de sacar adelante una ley abolicionista responde a un principio de «coherencia» y no a un acto de «cinismo», como había sugerido la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz. Según datos oficiales del Ministerio del Interior, en España hay actualmente más de 1.500 locales identificados donde se ejerce la prostitución, un negocio que mueve anualmente cerca de 22.800 millones de euros, lo que representaría aproximadamente el 1,8 % del PIB español.
El PSOE ha elevado el tono de sus críticas acusando formalmente a Feijóo de difundir bulos en sede parlamentaria y ha advertido que, si el líder de la oposición ha utilizado documentos obtenidos de manera ilegal, deberá dar las explicaciones pertinentes y, eventualmente, responder ante la Justicia.
El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha calificado la estrategia del PP como un intento de revolverse en la «porquería» para desviar la atención de lo que considera fue una victoria parlamentaria de Sánchez en el debate sobre corrupción celebrado el pasado miércoles en el Congreso. Bolaños también ha asegurado que el Gobierno colaborará plenamente con el Tribunal Supremo para aclarar cualquier duda sobre la financiación del PSOE, respondiendo así a otra de las acusaciones formuladas por la oposición, esta vez en el caso de las informaciones que se desprenden del llamado caso Koldo, en su versión más actualizada de caso Cerdán.
Antecedentes de la figura de Villarejo y la ‘policía patriótica’
Para entender el contexto completo de esta crisis política es necesario recordar el caso del excomisario José Manuel Villarejo, detenido en 2017 y procesado por diversos delitos relacionados con su presunta participación en operaciones de espionaje político y empresarial durante más de dos décadas.
Lo que se conoce como «policía patriótica» hace referencia a un supuesto grupo de agentes que, según diversas investigaciones judiciales, habrían operado durante el gobierno de Mariano Rajoy para obtener información comprometedora contra adversarios políticos del PP, especialmente dirigentes independentistas catalanes y miembros de Podemos y del PSOE.
De hecho la ministra de Ciencia, Diana Morant, ha vinculado directamente las acusaciones de Feijóo con este oscuro episodio de la política española, afirmando que «son insinuaciones que están recogidas en esas cloacas que creó el PP, en esa policía patriótica del señor Villarejo para perseguir al adversario político».
Esta nueva crisis política se produce en un momento de máxima tensión entre el Gobierno y la oposición, con un calendario electoral que prevé elecciones generales para el próximo 2027. La polarización, lejos de atenuarse, sigue al alza según muestran los resultados del último barómetro del CIS, realizado en los días del ingreso en prisión del exsecretario de organización socialista, Santos Cerdán. En este sentido, la preocupación por la corrupción ha escalado posiciones, y en la encuesta correspondiente al mes de julio se sitúa como el segundo problema del país, tras la vivienda.
