La propuesta, que lleva la firma de la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y de una veintena de diputados de su formación, subraya la necesidad imperiosa de esclarecer los vínculos de Madrid Network. El grupo argumenta con firmeza que la asociación «ha mantenido conexiones con empresas y altos cargos implicados en tramas de desviación de fondos». Entre los ejemplos más destacados, se menciona el conocido como caso Montoro y la consultora Equipo Económico, a la cual Madrid Network habría aportado una suma considerable de 1,8 millones de euros. Además, el texto presentado por Más Madrid revela que la entidad lleva desde 2018 sin devolver las cuotas de un préstamo de 80 millones de euros, concedido en su día por el Ejecutivo autonómico, sin que hasta la fecha se haya aclarado qué empresas se beneficiaron realmente de esos cuantiosos fondos.
La controversia se agudiza al considerar la naturaleza jurídica de Madrid Network. A pesar de que el Gobierno madrileño insiste en que se trata de una entidad privada, los presupuestos autonómicos para este 2025 incluyen explícitamente la «participación en la asociación y sus actividades como socio». Este detalle, según Más Madrid, demostraría la continuidad de los vínculos institucionales y la implicación pública en su funcionamiento. La formación política también ha puesto de manifiesto que la actual presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, trabajó en el pasado para la entidad. Asimismo, se ha recordado que entre 2012 y 2022, la presidencia de su consejo asesor fue ocupada por Francisco Cabrillo, quien actualmente ejerce como consejero de la Cámara de Cuentas, añadiendo más capas a la intrincada red de relaciones.
La batalla por la transparencia
La búsqueda de la verdad y la transparencia en torno a Madrid Network ha escalado hasta las más altas instancias judiciales. Recientemente, el Tribunal Supremo ha dictaminado una resolución crucial que obliga al Ejecutivo autonómico a entregar las memorias anuales de la asociación. Esta decisión llega después de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso recurriera sistemáticamente las resoluciones previas del Consejo de Transparencia, un organismo que había reconocido el derecho fundamental de acceso a esa documentación por parte de los ciudadanos y los grupos parlamentarios. La insistencia del Gobierno regional en mantener oculta esta información ha sido un punto de fricción constante, alimentando las sospechas sobre la gestión de la entidad.
La entrega de estas memorias anuales se considera fundamental para esclarecer la gestión económica y las actividades de Madrid Network a lo largo de los años. El Consejo de Transparencia, en su papel de garante del derecho a la información pública, había insistido en la necesidad de hacer públicos estos documentos para asegurar la rendición de cuentas. La negativa inicial del Gobierno de Ayuso a acatar estas resoluciones, llevando el caso hasta el Supremo, refleja la tensión existente entre la administración y los principios de transparencia. La sentencia del alto tribunal no solo refuerza la labor del Consejo de Transparencia, sino que también sienta un precedente importante para el acceso a la información de entidades con participación pública, incluso si se autodenominan privadas.
Este episodio judicial pone de manifiesto la importancia capital del derecho a la información en una democracia. La ciudadanía y sus representantes tienen el derecho inalienable de conocer cómo se administran los fondos públicos, especialmente cuando existen indicios de irregularidades. La intervención del Tribunal Supremo, por tanto, no es un mero trámite burocrático, sino una reafirmación de los pilares de la gobernanza abierta y la fiscalización de la acción política. Se espera que la divulgación de estas memorias aporte datos concretos que permitan a la comisión de investigación, una vez constituida, avanzar en su labor de esclarecimiento.
Madrid Network se constituyó como una asociación público-privada con el objetivo inicial de impulsar la innovación, el desarrollo tecnológico y la competitividad empresarial en la Comunidad de Madrid. Fundada por el propio Ejecutivo regional, su propósito era actuar como un catalizador para la creación de redes de colaboración entre empresas, universidades y centros de investigación, fomentando así el crecimiento económico y la generación de empleo cualificado en la región. A lo largo de su trayectoria, ha gestionado diversos proyectos y programas, muchos de ellos financiados con fondos procedentes de las arcas públicas, lo que justifica el interés y la necesidad de transparencia en su funcionamiento.
La estructura de Madrid Network incluye, o ha incluido, un consejo asesor y diferentes órganos de gestión que han contado con la participación de figuras relevantes del ámbito empresarial y político. Sin embargo, es precisamente esta naturaleza híbrida, a caballo entre lo público y lo privado, la que ha generado gran parte de la controversia actual. Mientras que el Gobierno regional ha intentado desvincularse de su carácter público en ciertos momentos, la inclusión de su participación en los presupuestos autonómicos y la historia de su fundación y financiación demuestran una conexión innegable con la administración madrileña. Esta dualidad es el epicentro de las acusaciones de opacidad y de la necesidad de una investigación profunda sobre su verdadera gestión y el destino de los recursos que ha manejado.
La entidad ha sido, en teoría, un motor para la creación de clústeres tecnológicos y la promoción de iniciativas innovadoras. No obstante, las denuncias de Más Madrid y las resoluciones del Consejo de Transparencia sugieren que su funcionamiento podría haber desviado de sus objetivos fundacionales, convirtiéndose en un instrumento para la desviación de fondos o, al menos, para una gestión poco clara. La trayectoria de Madrid Network, por tanto, no solo es la historia de una asociación, sino también un reflejo de las complejidades y los desafíos que entraña la colaboración público-privada en la gestión de recursos y la rendición de cuentas.
Cronología de una investigación
La solicitud de Más Madrid para la creación de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid no es un mero gesto político, sino una propuesta detallada con plazos y estructura definidos. Según el documento registrado, la constitución de esta comisión se plantea para diciembre de este mismo año 2025. Una vez en marcha, el órgano investigador estaría compuesto por un total de doce miembros, distribuidos equitativamente con tres representantes por cada grupo parlamentario con presencia en la Asamblea. Esta composición busca garantizar una representación plural y un debate constructivo, aunque no exento de tensiones políticas.
El calendario previsto para los trabajos de la comisión es ambicioso. Se le otorgaría un plazo de seis meses, hasta junio de 2026, para elaborar sus conclusiones. Durante este periodo, los miembros de la comisión tendrían la potestad de solicitar comparecencias, recabar documentación y analizar en profundidad todas las aristas del caso Madrid Network; la finalidad es determinar las responsabilidades políticas y económicas, así como proponer medidas correctoras si fuera necesario. Una vez finalizada su labor, las conclusiones serían elevadas al Pleno de la Asamblea para su debate y, en su caso, la adopción de las acciones pertinentes.
