Dos discotecas de Menorca, una en Maó y otra en Ciutadella, fueron objeto de sorprendentes inspecciones policiales en la víspera de Todos los Santos -Halloween-, con el propósito principal de detectar la presencia de menores y comprobar si a estos se les servían bebidas alcohólicas.
En la masiva redada del local de Es Pla, los agentes identificaron a 150 chicos y chicas, entre los que 19 no habían cumplido los 16 años, mientras que en la de Maó la Policía no ha dado a conocer aún su balance. Determinar si consumían alcohol adquirido en las dos salas es una tarea compleja dadas las múltiples soluciones que tienen los adolescentes para conseguir una copa.
Estas actuaciones de la Policía Nacional se interpretan como un toque de atención a los locales que no siempre observan rigurosidad en el control de accesos. Anteponen el negocio a la ley, aunque se trate de una anomalía repetida generación tras generación. ¿Quién no ha pisado alguna discoteca sin haber cumplido los 18 años? Otra cuestión es el suministro de bebidas prohibidas a menores, una norma que resulta hipócrita porque ofrece una muestra inequívoca de la contradicción que supone la prohibición legal con lo que ocurre en la realidad.
La zona gris de esta discordancia revela la inconsistencia de las políticas públicas sobre el consumo de alcohol, especialmente en contextos donde la regulación es laxa o difícil de aplicar por falta de personal.
Las identificaciones que se exigen para entrar a las discotecas, a riesgo de sanción administrativa, colisionan con el consumo arbitrario y permitido en las fiestas populares, cuyas autoridades responsables, la mayoría de las veces, no tienen la capacidad o el interés para controlarlo.
Existe lamentablemente una normalización cultural de esta costumbre y es ahí donde descansa la hipocresía entre la ley y su aplicación.Por mucha norma que lo prohíba, si no hay educación previa en cada casa y una vigilancia periódica, seguirá siendo una batalla perdida.
