No para carteras

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La solución del Gobierno para la crisis de la vivienda suena a chiste. Mientras hablan de 12 medidas para frenar la especulación, construir vivienda pública y regular el mercado, se sigue permitiendo que los fondos buitre se coman la ciudad a bocados como si se tratase del juego del Monopoly. Se vislumbra que algunos planes de vivienda social acaben gestionados por esos mismos buitres carroñeros, lo cual es de una gravedad inadmisible. El Estado reclama más intervención cuando le conviene, pero no parece querer romper el modelo especulativo. Se habla de más vivienda pública, pero también de colaboración público-privada, algo que siempre acaba favoreciendo a los inversores. Cuando la vivienda es un derecho constitucional, tenerla como mercancía para especuladores es lo que sobra.

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Existen algunos proyectos alternativos que sí van en serio, que impiden que cualquier fondo de inversión se apropie del bien común, pero eso no da rentabilidad a los intereses de los de siempre. Desde luego, no basta con prometer vivienda pública. Hay que hacer una política que garantice que esos pisos no vuelvan a manos de los mismos buitres que los convirtieron en negocio. No se quieren más anuncios, se desean casas para personas, no para carteras. Mientras todo esto se decide en despachos, los ciudadanos con sueldos medio-bajos ven como los precios se les escapan de las manos. Es hora de que la vivienda deje de ser un juguete político. De que la regulación valga algo más que un simple titular. Si no se plantea algo más profundo, con fondos públicos, control y vigilancia, pronto nos daremos cuenta de que lo que se prometió como derecho realmente es un privilegio. Y que, entre tanto parloteo insustancial, el ciudadano medio sigue sin encontrar un lugar digno donde vivir. Lo que es una auténtica vergüenza. La crisis de la vivienda no es una simple anécdota, es un drama sistemático.

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