El decreto ley 10/2022 no permite a los municipios de Balears autorizar más desarrollo urbanístico mientras en sus planeamientos cuenten con suelo sin construir. La construcción augura que esto hará subir aún más el precio de la vivienda. En Menorca precisamente el suelo no parece el problema, hay 5.552 parcelas urbanas sin edificar, mientras los constructores admiten que las promociones de pisos son un riesgo alto que prefieren no asumir; trabajo no les falta, la vivienda unifamiliar, nueva o reformada, les da beneficios. Mientras, ahora mismo hay más de 400 familias en esta isla que esperan para un piso de protección oficial del Ibavi. Los alquileres siguen al alza y los precios de compra de un hogar se alejan cada vez más de las posibilidades de una renta media. El problema del acceso a la vivienda se agrava, la legislación es un galimatías, y está claro que el mercado no resolverá la situación, se requiere intervención pública, la cuestión es hasta dónde y de qué manera, para que el aleteo de la mariposa, como en la teoría del caos, no cause un desastre mayor que el rompecabezas que se quiere resolver.
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Enlace de origen : Pacto por la vivienda y no vetos