Recortando el estado del bienestar

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El recetario ortodoxo se retoma con fuerza. Bajar impuestos sobre todo a los ricos, equilibrar las cuentas públicas –es decir: recortar en servicios sociales, en sanidad y en educación– e ir hacia procesos mayores de des-regulación económica en todos los mercados. Se está apreciando esto en declaraciones firmes de dirigentes europeos, que advierten –casos de Alemania y Francia– que el estado del bienestar tal y como lo entendemos hasta el momento, es insostenible. El error es monumental; y esto no es una opinión: la historia económica revela que tales propuestas han significado penalizar la productividad, el desarrollo económico y el bienestar de la población. Con datos, con cifras. Sin demagogias ni orientaciones ideológicas. Es, por tanto, la reducción del gasto social. Pero, ojo, no así del militar: desde Washington se nos exige llegar al 5 por ciento del PIB, un límite que significa sacrificar precisamente todo lo social a lo militar. Sin que se llegue a apreciar las ventajas de ese 5 por ciento (una magnitud aleatoria: ¿por qué no el 4 por ciento o el 3 por ciento?). Bueno, sí: el gran beneficiario es el complejo industrial-militar de Estados Unidos. La Comisión Europea debería salir ya de la genuflexión: hay detrás casi 500 millones de consumidores. Masa demográfica potente.

Este tipo de política económica, basada en recortes en los capítulos sociales (pueden representar más del 25 por ciento del PIB de muchos países) servirá para encuadrar los reglones contables. Pero genera más desigualdad. Si, además, los gobiernos reducen su capacidad recaudatoria, el desequilibrio presupuestario y, sobre todo, social, está servido. En el ámbito académico de la economía, aparecen trabajos sobre nuevas exploraciones tributarias. Las más impactante la ha formulado un joven economista francés, Gabriel Zucman, a partir de un proyecto apodado ‘tasa Zucman’, una imposición sobre la franja más rica del patrimonio, que representaría, en el caso de Francia, un incremento de miles de millones de euros (los cálculos bailan al respecto; pero se enmarcan en esas magnitudes). El tema está sobre la mesa en la agitada vida política gala. En síntesis: que paguen más los que más tienen, la fiscalidad progresiva, para hacer efectiva una mejor redistribución de la renta. Y evitar, entre otras cosas, el avance de la ultraderecha.

Mientras todo esto se debate con intensidad tanto en Estados Unidos como en países de la Unión Europea, en Balears se ha optado por un recorte relevante a una minúscula franja de la población. Recorte que supone dejar de disponer, en suma, de casi 300 millones de euros anuales. Si a esa cifra se le añade la que se podría ahorrar el gobierno autonómico en gasto financiero si aceptara la condonación parcial de la deuda y, además, quisiera cumplir con una de sus promesas, la subida del Impuesto de Pernoctaciones, la economía pública balear dispondría de una cifra que, siendo moderados, supondría unos 400 millones de euros más. Combustible para el estado del bienestar. El crecimiento económico del archipiélago, potente, nadie lo niega. Pero debería servir para que tuviera mayor capilaridad. Hacia abajo. No recortando hacia arriba.

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