Tres años de filtraciones y humedad en la calle Comerç: «Estoy todo el día dándole Aerius y Ventolín a mi hijo»

La problemática, más pronunciada en un par de inmuebles concretos, ha llegado al punto de convertirse en una doble amenaza; para la salud de algunos de los residentes –uno de ellos es un menor con asma con un sufrimiento añadido por esta causa, y que incluso ha precisado de asistencia sanitaria en más de una ocasión– y para los cimientos de la estructura. Por el momento, la Administración –Govern y Ayuntamiento se responsabilizan uno a otro de forma recíproca– carece de financiación para poder asumir la actuación que exige esa avería.

Origen

El origen del problema se remite a finales de 2021, cuando la familia propietaria del 36-38 advirtió que el agua arreciaba en una de las paredes del sótano de la casa. Una primera estimación técnica hizo creer que se debía a las acometidas del agua. Se efectuaron los arreglos que ese diagnóstico marcaba, pero las filtraciones no cesaban.

Poco después, en los números 31, 33 y sobre todo 40, también se manifestaron humedades. Entonces Hidrobal, el 19 de enero de 2022, tomó una muestra del agua que se acumulaba en el 36-38 y comprobó que se trataba de aguas residuales. Una semana después, tuvo lugar una inspección de la red de alcantarillado con cámaras, que confirmó la rotura total de una tubería a la altura del número 40.

Se hizo un informe, fotos y un vídeo con el objeto de acreditar la situación al área de Urbanismo del Ayuntamiento, ante la que además la propiedad del 36-38 hizo una primera instancia, en marzo de 2022, solicitando una actuación «inmediata» en las infraestructuras hídricas. No halló respuesta.

La siguiente denuncia se cursó más de un año después, a finales de mayo de 2023, y también careció de contestación, así como otros intentos de obtener «una solución o una contestación al menos». La sensación de «impotencia» por ese ninguneo institucional, y de «inseguridad» y «malestar psicológico» por lo que pueda ocurrir con la finca, ha ido en aumento desde ese entonces, confiesa la propietaria. Un sentir compartido por otros tenedores y vecinos de la zona.

Administraciones

En principio, el Ayuntamiento de Maó había aprobado en sus presupuestos 2,24 millones de euros provenientes de la ecotasa, de los 7,1 previstos para Menorca, que iba a destinar a la reforma del alcantarillado de ese tramo de la calle Comerç, además de las calles Sant Andreu y Santa Cecilia, las obras de las calles Deià y Sant Manuel y la reforma integral de la calle Roig.

Sin embargo, esa partida, por un cambio de criterio del Govern, se redujo a 1,3 millones, lo que ha dejado en suspenso este ramillete de actuaciones.

Desde el Partido Popular, el concejal Francisco Plaza hace alusión a la «preocupación» de los vecinos y cataloga de «inaceptable» que el Ayuntamiento no haya resuelto el problema. «Sótanos inutilizados, muebles, paredes, problemas de salud… y el ciudadano tiene derecho a ser indemnizado», sigue Plaza, que entiende que el argumento del dinero que no ha llegado de la ecotasa son «excusas de mal pagador».

Por su parte, el alcalde de Maó, Héctor Pons, comenta que «se intentará» mejorar en relación al problema, pero matiza que «el mal pagador ha sido el Govern, pues el dinero lo teníamos y nos lo han quitado». «Presentaremos otro proyecto y lo arreglaremos», apostilló Héctor Pons.