Un promotor pide que le expropien o recalifiquen dos solares para hacer 100 pisos en Ciutadella

Fincas Llonga’s, titular de dos parcelas ubicadas junto a la Rotonda des Cavall, reclama su expropiación al Ayuntamiento de Ciutadella, para que se destinen al uso que prevé el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), como zona de equipamientos deportivos. Para ello, cuenta con una valoración de los terrenos de 2.541.259 euros, aunque la promotora ofrece la alternativa de la recalificación, para impulsar cien viviendas.

Hace una década que Joan Villalonga reclama una solución para estos terrenos previstos para uso deportivo. Son dos parcelas  de 2.160 y 250 metros cuadrados que Tinsa Tasaciones Inmobiliarias ha tasado en 2.277.643 y 263.616 euros, respectivamente.

Imagen virtual de la promoción proyectada en estos terrenos

En 2017, con gobierno de PSM, PSOE y Gent per Ciutadella, Villalonga se reunió con el Ayuntamiento para proponer la expropiación y recibió una oferta de 600.000 euros, que rechazó.

En abril de 2019, la promotora presentó alegaciones a la aprobación inicial del nuevo plan general de Ciutadella. Solicitó el cambio de calificación, pero desde entonces «no hemos recibido respuesta».

Villalonga recuerda que el decreto de simplificación administrativa impulsado por el Govern «permite construir allí vivienda de protección oficial, es una oportunidad» para Ciutadella, que carece de suelo para edificar.

En caso contrario, Villalonga considera que la recalificación «ahorraría mucho dinero» a las arcas municipales, con una solución en la línea de «lo que ya se hizo enfrente», en la misma rotonda. «Que al menos nos permitan construir en las mismas condiciones», un edificio de planta baja más tres alturas. «Tenemos el proyecto para construir cien viviendas de 70  metros cuadrados», que «contribuiría a paliar la falta de pisos».

En febrero, el promotor se reunió con la entonces alcaldesa, Juana Mari Pons, quien no le pudo garantizar un trato «porque no tenía mayoría». Este miércoles, Villalonga se reune con el alcalde, Llorenç Ferrer, «para ver qué solución nos da». Si no prospera, sus abogados de un «prestigioso bufete de Palma darán 30 días al Ayuntamiento» para que se pronuncie, «o interpondremos una demanda para que sea el juez quien valore», concluyó este martes el empresario.

El apunte

«Tenemos demoras de entre 3 y cinco años para nueve licencias de obra»

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