VERI*FACTU

Cada comprobante de pago, cada factura emitida, eliminada o corregida, dejará una huella digital imborrable que podrá consultar Hacienda, en tiempo real o en diferido. Las facturas llevarán un código QR y, si elegimos la modalidad de facturas verificables, una leyenda del tipo «factura verificable en la sede electrónica de la AEAT». Los empresarios que factura a mano, en Word o Excel, pueden seguir haciéndolo sin adaptarse al sistema VERI*FACTU, si bien es recomendable que se planteen un sistema de facturación profesional o usen la aplicación gratuita de facturación de la AET. Cumplir con VERI*FACTU no se limita a actualizar un programa de facturación. Muchos negocios deberán sustituir o adaptar sus cajas registradoras, balanzas electrónicas o terminales de punto de venta (TPV), además de contratar programas certificado que cumpla con los nuevos requisitos técnicos. Todo ello sin subvenciones ni deducciones fiscales que ayuden a costear la transición. Mientras las grandes empresas disponen de departamentos informáticos capaces de absorber el cambio sin demasiados sobresaltos, el comercio local tendrá que invertir cientos o miles de euros para cumplir, una carga más en un contexto de costes crecientes.

En las Illes Balears, donde el tejido empresarial se compone mayoritariamente de microempresas y negocios familiares, VERI*FACTU llega sin sensibilidad territorial ni apoyo institucional. Pedir a un bar, una panadería o una frutería que renueven todo su sistema de facturación sin ayuda compromete aún más supervivencia del pequeño comercio. La sanción por no adecuarse al nuevo sistema de facturación es de 50.000€ por ejercicio, un daño patrimonial inasumible para una empresa de reducida dimensión.
VERI*FACTU es un buen avance en la fiscalización de la empresa, pero también una nueva obligación que asume el tejido empresarial.

Una norma pensada para las grandes empresas que soportarán también los autónomos y empresas de tamaño humilde. Este avance en fiscalización tributaria de las empresas nos beneficia a todos como sociedad, pero debe ir acompañada de reciprocidad. Es inaceptable que la Administración no sea igual de diligente cuando una empresa necesita una devolución de impuestos, un trámite burocrático o una autorización. Si se exige máxima transparencia al contribuyente, también debe ofrecerse eficacia pública total.